Defender un barrio no debería significar impedir que nuestros hijos puedan vivir en él.
Existe una idea equivocada sobre las ciudades: creer que, si evitamos que cambien,
conseguiremos conservarlas.
Es comprensible querer proteger una colonia. Nadie disfruta el ruido de una obra ni quiere
perder sus árboles, su patrimonio o su tranquilidad. Pero proteger no es inmovilizar.
Las familias cambian, los edificios envejecen y las nuevas generaciones necesitan
vivienda. Aunque no autoricemos una sola construcción, el tiempo sigue avanzando.
Cuando una zona tiene demanda creciente y no incorpora suficiente vivienda, más
personas compiten por las mismas opciones. Quien puede pagar más se queda; quien no,
busca más lejos. Una decisión presentada como defensa del barrio puede terminar
cerrándolo a los hijos de sus propios vecinos.
Eso no significa que cualquier desarrollo sea bueno. Los desarrolladores debemos cumplir
lo autorizado, construir con calidad y responder por las afectaciones. Las autoridades
deben planear, supervisar y sancionar. Los vecinos deben tener información y
mecanismos efectivos para denunciar irregularidades.
No se trata de elegir entre construir sin control y dejar de construir. Se trata de construir
con reglas claras, infraestructura suficiente y cumplimiento verificable.
Seis propuestas concretas para la Ciudad de México
Convocar a los Colegios de Arquitectos e Ingenieros, vecinos, autoridades y
desarrolladores a mesas de trabajo para formular el nuevo plan de desarrollo inmobiliario.
Las mesas deben producir resultados concretos: dónde incorporar vivienda, qué
infraestructura requiere cada zona, qué patrimonio proteger y cómo ampliar las opciones
accesibles. Propongo un plazo inicial de 90 días para presentar un diagnóstico y
propuestas públicas.
La participación debe incluir a propietarios, inquilinos y jóvenes que buscan vivienda. No
solamente a quienes ya tienen un lugar en la ciudad.
Las reglas deben discutirse al planear, no renegociarse desde cero en cada obra.
T odos los que habitamos la ciudad deberíamos poder consultar dónde existe
infraestructura disponible y cuántas viviendas adicionales puede atender.
Propongo un mapa público y actualizado de la capacidad de agua, drenaje y demás
servicios por zona. Debe considerar las viviendas existentes y los proyectos ya
autorizados, para no comprometer varias veces la misma capacidad.
Esta información debe aparecer en el certificado de uso de suelo. No basta con indicar
cuántos niveles o departamentos permite la norma: también debe especificarse qué
infraestructura los respalda.
Donde falte capacidad, deben identificarse las obras necesarias, sus responsables, su
financiamiento y sus plazos. Las viviendas no deben ocuparse antes de que funcionen los
servicios indispensables comprometidos.
Dónde y cuánto construir debe responder a información pública y criterios técnicos, no a
decisiones discrecionales.
La publicitación vecinal ya existe. En lugar de duplicarla con otro trámite, aprovechemos el
código QR que se coloca en las fachadas para ofrecer algo más útil: evidencia del
cumplimiento.
Propongo que un inspector técnicamente capacitado, sin vínculos con el desarrollador,
compare periódicamente el avance físico de la obra con los planos autorizados. Según la
etapa, debe revisar niveles, alturas, superficies, número de viviendas y áreas libres.
El QR debe permitir consultar qué se autorizó, quiénes son los responsables y los
resultados de cada inspección: fecha, evidencia fotográfica, observaciones y plazos de
corrección. T ambién debe mostrar si las observaciones fueron atendidas y permitir
reportes ciudadanos con folio y seguimiento.
No basta con colocar un código en la fachada. La información debe mantenerse
actualizada y las inspecciones deben realizarse.
Los vecinos necesitan comprobar que se construye lo autorizado; los desarrolladores que
cumplen necesitan poder demostrarlo.
Establecer un expediente digital único, requisitos públicos y plazos obligatorios por
dependencia, contados desde la entrega de la documentación completa.
Cada solicitud debe recibir una resolución fundada. Si cumple, debe poder avanzar; si no,
la autoridad debe explicar claramente qué debe corregirse o por qué se rechaza.
Agilizar no significa omitir revisiones de seguridad. Significa eliminar tiempos muertos,
requisitos cambiantes y discrecionalidad.
Donde la infraestructura lo permita, ofrecer mayor capacidad de construcción y
facilidades administrativas a cambio de incorporar viviendas con precios o rentas
limitados.
Las condiciones deben definir quién puede acceder, durante cuánto tiempo se conservará
la accesibilidad y cómo se vigilará su cumplimiento.
El incentivo debe hacer viable la obligación. Una exigencia que vuelve imposible el
proyecto no produce vivienda para nadie. El objetivo debe ser generar opciones reales
cerca del empleo y los servicios, no desplazar toda la vivienda accesible hacia la periferia.
Crear un programa de rehabilitación de edificios públicos subutilizados y de inmuebles
privados cuyos propietarios quieran incorporarse.
La propuesta debe combinar incentivos, trámites simplificados y revisiones estructurales
y patrimoniales. Recuperar viviendas existentes debe ser parte del plan, no una tarea
secundaria.
Renovar no siempre significa demoler: también significa devolverle vida a lo que
permanece vacío.
Una colonia no se protege únicamente conservando sus fachadas. Se protege
manteniendo la posibilidad de habitarla.
La pregunta no debería ser solamente:
debería ser:
“¿Dónde van a vivir mis hijos?”
“¿Quiero un edificio junto a mi casa?”
. T ambién
La Ciudad de México necesita vecinos que participen en la planeación, autoridades que
resuelvan y supervisen, y desarrolladores que cumplan. Necesita información pública
para decidir y evidencia para confiar.
No debemos pedirle a la ciudad que permanezca inmóvil. Debemos exigir que su
transformación esté bien planeada y beneficie a quienes viven en ella y a quienes
vendrán.
El mejor legado para nuestros hijos no es una ciudad que no haya cambiado. Es una
ciudad en la que todavía puedan encontrar su lugar.